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Cooperación nacionalista


En distintos artículos publicados en este periódico en diciembre de 2017 y en febrero de 2018 señalaba que una pequeña comunidad como Canarias, «de apenas dos millones de habitantes, que carece del peso político y económico en el Estado del que disponen Cataluña o el País Vasco», precisaba de una «acción consensuada y conjunta de sus organizaciones nacionalistas en los ámbitos estatal y europeo». Preguntándome y preguntando si era factible y/o necesario tratar de alcanzar ese nivel básico de entendimiento.


Lo que ha venido a suceder un año y medio después con el acuerdo para la conjunta presentación en las elecciones generales del 10N, al que han opuesto resistencia sectores minoritarios de ambas organizaciones y, también, algunos dirigentes, principalmente Fernando Clavijo y Antonio Morales; frente al apoyo brindado al mismo por Marcial Morales, David de la Hoz, Narvay Quintero, Nieves Lady Barreto, Carmen Hernández, Dunia González o Teodoro Sosa. Y que valoraba en un anterior texto, Un primer paso, publicado el domingo 29 de septiembre, que ha suscitado mucho debate, muchas opiniones cruzadas. Entre los que lo comparten y los que lo denuestan, claro.


No soy en absoluto adivino y, seguramente, muy pocos podían pensar entonces que se podían superar los escollos y sectarismos y, desde la generosidad, juntar fuerzas ante un objetivo prioritario: garantizar la presencia en las Cortes Generales de voces de formaciones con dirección exclusiva Canarias. Pero ha sucedido, como señalaba en Un primer paso, por un cúmulo de circunstancias favorables, por la correlación de debilidades de las que hablaba Montalbán y por la voluntad expresa de algunas personas con amplitud de miras.


Todo esto sucede en el archipiélago, al tiempo que las izquierdas españolas hacen justamente lo contrario, proporcionando un penoso espectáculo de división, acusaciones mutuas y falta de entendimiento. Sustituyendo la pregonada colaboración por escisiones y nuevos proyectos partidarios que fraccionan el voto progresista y pueden facilitar una desagradable sorpresa en las urnas. Algunos en las Islas se empeñan en trasladar esos modos y maneras a la política local, estableciendo las correspondientes franquicias.

‘BREXIT’. Lo he tenido muy claro en los últimos años y lo he ido desarrollando en mis artículos de opinión: era y es preciso que el nacionalismo realmente existente, Coalición Canaria y Nueva Canarias, aparcaran sus diferencias locales -en muchos temas, profundas- y afrontaran juntos el duro y complejo trabajo que les espera en Madrid. Con un parlamento muy fraccionado, sin mayorías claras y donde pueden darse numerosas combinaciones, incluida la alianza entre las dos grandes fuerzas del viejo bipartidismo. No sé si esto le da o quita sueño a Sánchez, que se muestra cada vez menos propenso a acuerdo alguno con Unidas Podemos. La marca Iñigo Errejón, sí parece resultarle, al parecer, un buen somnífero.


El acuerdo nacionalista se produce en un contexto especialmente negativo para las Islas, por su histórica debilidad y dependencia, con una crisis económica algo más que en ciernes, con los más que previsibles impactos negativos del brexit sobre distintos sectores de nuestra economía (especialmente el turismo y el sector primario) o las consecuencias del reciente hundimiento de uno de los grandes turoperadores turísticos.


Es cierto que ambas fuerzas políticas ya estuvieron juntas en el periodo 2011-2015, con los mismos candidatos que ahora, y que su trabajo no brilló mucho frente a la aplastante mayoría absoluta del PP de Rajoy y su rodillo parlamentario. Fue la época de los recortes en los servicios públicos y de la aprobación de numerosas leyes muy cuestionadas, desde la agresiva reforma laboral a la Lomce, pasando por la ley mordaza. Así como de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que restringe gravemente las posibilidades de gasto de las administraciones públicas, evitando que estas, pese a tener sus cuentas saneadas, pese a contar con recursos, suministren determinados servicios a los ciudadanos y ciudadanas.


OMBLIGUISMO. Hemos vivido un breve mandato de Pedro Sánchez tras la moción de censura y una legislatura frustrada gracias a la falta de entendimiento y al ombliguismo de los cuatro grandes: PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. Más empeñados en estrategias partidistas de corto alcance, en ver cómo mejoraban su situación en el tablero electoral, en anhelados sorpassos, en ser la referencia de la izquierda o de la derecha, en regresar o no al bipartidismo, que en solucionar los problemas de la gente. Se merecen, sin duda, un suspenso colectivo.


Resulta curioso que, en el período reciente, en los últimos cuatro años, han tenido más seriedad, más visión de estado, más rigor y más responsabilidad las formaciones nacionalistas, caso del PNV y de los propios nacionalistas de las Islas, que los partidos españolistas. Cargados de lenguaje patriótico, eso sí, incluso de intentos de apropiamiento de la Constitución, pero dispuestos a paralizar el Estado, a impedir que haya gobierno, con presupuestos prorrogados. Perjudicando gravemente a las comunidades autónomas y a los ciudadanos y ciudadanas. Silbando y mirando para otro lado cuando se les exigen responsabilidades, lo que tiene mucho que ver con el creciente desencanto y desafección ciudadana ante la política, los partidos y las instituciones.


En la última etapa política todos los avances experimentados -recuperación de los planes de empleo e infraestructuras educativas, ayudas a la movilidad interinsular y con el exterior, inclusión en el REF de partidas para combatir la pobreza o la trascendental separación de los recursos del REF de los correspondientes a la financiación autonómica, lo que permite a Canarias disponer de 600 millones de euros anuales más para los servicios públicos, superando el injusto castigo de la financiación autonómica de 2009- tienen un claro sello nacionalista. Han sido gracias a las enmiendas y acuerdos forzados por los congresistas nacionalistas canarios. De ambos partidos. Especialmente en la negociación de las cuentas públicas estatales de los años 2017 y 2018.


Su deber es ahora blindar esos avances, impidiendo retrocesos que ya algún ministro ha insinuado. Consolidando y desarrollando el nuevo Estatuto y el reformado REF. Para que esta tierra pueda situarse en un plano de igualdad con el resto del territorio estatal, para incrementar la calidad de vida, mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y contribuir a la superación de las desigualdades. Y colaborando, modestamente, en modificar la actual situación de prolongado e irresponsable bloqueo político e institucional, para que tengamos en corto plazo Gobierno y Presupuestos. Como la ciudadanía demanda de forma clara e insistente frente a la interesada sordera de las formaciones estatalistas.


FUENTE: 03/10/2019 - Canarias7 - Escrito por Enrique Bethencourt

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